Servicio · Ley de delitos económicos
DelitosEconómicos.Ley 21.595 · Defensa y prevención.
Representación Ley 21.595 amplió radicalmente el catálogo de delitos imputables a personas jurídicas y sus ejecutivos. Desde 2023, el riesgo penal para empresas y gerentes es mayor que nunca.
Vigente desde agosto 2023
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Tipos de delito
Ley 21.595
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Los cinco cambios más importantes de la Ley 21.595
Entender qué cambió es el primer paso para saber si su empresa está expuesta y qué puede hacerse.
La ley incorporó más de 200 tipos de delitos que pueden atribuirse a personas jurídicas: delitos tributarios, medioambientales, contra el consumidor, cohecho, lavado de activos, entre otros. Si su empresa opera en cualquier sector regulado, es probable que esté dentro del alcance.
Los altos ejecutivos y directores pueden ser imputados personalmente por delitos cometidos en nombre de la empresa, incluso si no participaron directamente. La ley presume que debían supervisar y que su omisión de control es imputable.
Las sanciones para personas jurídicas incluyen multas proporcionales al beneficio obtenido o al daño causado, que pueden alcanzar el 30% del daño cuando existe reincidencia o cuando la conducta fue especialmente grave.
Además de las multas, la ley contempla inhabilitaciones para contratar con el Estado, prohibiciones de ejercer actividades reguladas y, en los casos más graves, la disolución de la persona jurídica.
La empresa que tiene un Modelo de Prevención de Delitos implementado y certificado puede alegar exención total o reducción sustancial de la pena. Sin MPD activo al momento del delito, esa defensa no existe.
Defensa y prevención en dos frentes simultáneos
Araya Rojas actúa tanto en la dimensión preventiva (antes del problema) como en la defensiva (cuando el problema ya ocurrió).
Evaluamos en qué delitos está expuesta la empresa según su rubro, tamaño y estructura. Identificamos los procesos de mayor riesgo y definimos qué controles se necesitan para reducir la probabilidad de que ocurra un delito y poder acreditar la debida diligencia si ocurre.
Diseñamos el Modelo de Prevención de Delitos adaptado a la realidad de la empresa: encargado de prevención, identificación de riesgos, procedimientos de control, canal de denuncias y sanciones internas. Jorge y Valentina son compliance officers certificados por iCECOM España.
Cuando la empresa o un ejecutivo es investigado, actuamos en sede penal: defensa de la persona natural imputada, representación de la persona jurídica, coordinación con la Fiscalía y uso del MPD como argumento de exención o atenuante en el proceso.
Lo que necesita saber antes de actuar
Las preguntas más frecuentes que recibimos de empresas y ejecutivos al primer contacto.
Si su empresa tiene más de 3 trabajadores, opera en un sector regulado o contrata con el Estado, la respuesta es probablemente sí. El costo de no tener un MPD activo cuando ocurre un delito es mucho mayor que el costo de implementarlo.
Depende del tamaño y complejidad de la empresa. Para una PYME de tamaño medio, el proceso completo toma entre 60 y 90 días. Comenzamos con las áreas de mayor riesgo para generar protección parcial inmediata.
Con un MPD certificado, puede alegarme exención de responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin MPD, la empresa responde aunque los directores no hayan participado ni conocido el delito.
¿Su empresa está cubierta bajo la Ley 21.595?
Si no tiene un MPD activo o si enfrenta una investigación bajo la nueva ley, la primera conversación no tiene costo. Le decimos exactamente cuál es su exposición real.
+56 9 9295 4269
Jorge Rojas · Abogado
+56 9 8573 6139
Valentina Araya · Gerente General